viernes, 28 de diciembre de 2012


El Gobierno intimó a la Sociedad Rural a dejar el predio en 30 días

El presidente de la entidad agropecuaria, Luis Etchevehere, recibió una carta documento en la que se intima a abandonar el histórico edificio del barrio de Palermo
El presidente de la entidad agropecuaria, Luis Etchevehere, informó que acaba de recibir una carta documento para abandonar el histórico edificio del barrio de Palermo. Pidió una reunión urgente con el ministro de Agricultura, quien criticó la huelga que realiza la Mesa de Enlace.
“Nos llegó una carta documento en la que nos intiman a que en 30 días dejemos el predio, lo que nosotros entendemos que es una confiscación, una represalia, porque no hubo una ley votada por el Congreso”, declaró el presidente de la Sociedad Rural Argentina en declaraciones al canal TN.
El Gobierno anunció la semana pasada la decisión de anular el decreto de venta del predio del barrio de Palermo y tomar el control del lugar. La medida recibió críticas de distintos sectores, que hablan de una “expropiación ilegal”, ya que el tema no pasó por el Parlamento.
Desde el oficialismo explicaron que la decisión estuvo basada en una investigación judicial que detectó irregularidades en la operación de venta de los terrenos, realizadas a principios de los 90, por la cual la Sociedad Rusal aún debe parte del precio.
“El precio fue establecido en su momento a partir de tres tasaciones. Se nos impuso conservar y restaurar los edificios históricos y construir un moderno centro de exposiciones, cargas que fueron cumplidas”, recordó Etchevehere.
Y al ser consultado por los alcances de la investigación judicial en curso, aclaró: “Ese es un proceso que recién empieza. Hay varias personas que estamos procesadas, y ese procesamiento fue apelado y aún no está firme la resolución. No terminó la etapa de instrucción y ni siquiera está empezado el juicio oral”.
Así fue que el miércoles, en entrevista con Radio 10, Etchevehere ratificó: “Vamos a presentarnos a la Justicia para intentar que esta medida se suspenda hasta que se dirima la cuestión de fondo”.
“El Gobierno ha basado este intento de confiscación en bases falsas”, acusó el dirigente rural, e insistió: Es la Justicia la que tiene que definir si la venta estuvo bien o mal hecha. Pero a la Justicia hay que llevarle pruebas.
Vamos a presentar nuestras pruebas y nuestros argumentos para que sea un juez el que dirima esta cuestión y no el Poder Ejecutivo por decreto, en una abierta intención de castigar al sector agropecuario y también de tapar seguramente la realidad que está viviendo el Gobierno, no solamente social sino también de corrupción”.
Consultado por las críticas del ministro de Agricultura, el ruralista ironizó y preguntó dónde lo habían encontrado, ya que la Sociedad Rural necesita reunirse urgentemente con él y el funcionario no responde los pedidos oficiales.

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